Se propone la creación de un nuevo marco legal que, por un lado, debería obligar a los propietarios bajo determinadas condiciones, a rehabilitar con unos criterios de eficiencia energética. La idea pasa por crear esta figura de ruina energética de edificios, equiparable a la ruina estructural que conocemos. En segundo caso, sería necesario suplir el esfuerzo financiador de las familias por un marco de colaboración en el que un consorcio público-privado aportaría la financiación prácticamente íntegra. Para esta constructora, las cuentas saldrían si se crea el marco legal adecuado que de certidumbre a los proyectos y atraiga a la iniciativa privada.